Impecable discurso cargado de buenas y certeras razones, pero que es absolutamente ineficaz en la lucha por la credibilidad de las instituciones.
Es más, al empezar explicando que la Constitución respalda plenamente la existencia de ¡17 Consejos Consultivos! (además del mucho más conocido Consejo de Estado) se está empeorando más la situación dando munición adicional a los liberales (de derechas o de izquierdas; o sea con mayor o menor sensibilidad social) contra las instituciones, la Política, la Constitución y si cabe, contra la misma Democracia.
Es difícil responder a una propuesta oportunista y populista como la de UPYD, pero hay que saber encajar los golpes de una forma "elástica" asumiendo que para absorber toda la energía del impacto no hay más remedio que deformarse y moverse, porque de lo contrario, si te quedas inmóvil, rígido e indeformable corres el riesgo de partirte.
No niego los argumentos que expone muy bien la compañera Valcarce, ni seré tan necio de decir que no sirven para nada los Consejos consultivos; pero sinceramente creo que su momento y su objeto pasó. Son inaceptables en la situación económica actual, moralmente indefendibles e injustificables desde el punto de vista de la eficacia institucional.
Para mi esta es una evidencia tan rotunda que cuanto más pienso en los argumentos expuestos, menos entiendo los motivos para correr el riesgo político que supone apoyar el que se mantengan en en sus privilegiados puestos de Consultores, los Ex-Presidentes Leguina y Gallardón junto con otros ilustres hombres y mujeres entre los que quizá pronto estén Esperanza Aguirre o Ignacio González (por lo que encima tendríamos que alegrarnos en tanto que significaría el fin de sus fechorías en la Política).
Y no olvidemos que hablamos solo de Madrid; hablando de España la ofensiva liberal podría ser 17 veces más potente y podría llevarse por delante incluso el Senado ¿merece la pena gastar munición para salvar los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas?
Como el tema coja fuerza en los medios de comunicación pronto será evidente que era una batalla pérdida y que perdimos valiosos recursos por no retirarnos a tiempo.
Saludos
@robergonpane
Así la contamos en el Parlamento de la Comunidad de Madrid... es un Consejo que puso Esperanza Aguirre en 2007 y seguro que ahora saldrá ella misma diciendo que se quite y que ella es la única expresidenta de la Comunidad de Madrid que no está en el Consejo... ¡Puyita para Leguina y el PSOE y de paso para su gran amigo Galardón!
Intervención de Amparo Valcarce sobre el Consejo Consultivo.
La Sra. VALCARCE GARCÍA:
Gracias, señor Presidente. La función consultiva, señorías, está constitucionalizada en el artículo 107 de la Constitución española. Partiendo de este reconocimiento constitucional, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 204/92, otorga carta de naturaleza a la creación de los consejos consultivos autonómicos; consejos que desarrollarán la función consultiva en su ámbito y con unas determinadas condiciones. El Consejo Consultivo es, señorías, un pilar de la arquitectura institucional de la Comunidad de Madrid.
Hoy, UPyD plantea la supresión del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, y no estamos de acuerdo, no solo por la relevancia constitucional a la que me he referido; relevancia constitucional de la función consultiva en su doble vertiente: la función de asesoramiento, pero también la función de control previo de legalidad. Además, señorías, hay otras razones de eficacia y de eficiencia en el ejercicio de esta función consultiva, porque, si tenemos en cuenta el ámbito, la materia y el volumen, no hay duplicidad. El Consejo de Estado tiene un ámbito y el Consejo Consultivo de la Comunidad otro que le es propio.
El Consejo de Estado, por razón del volumen de las tares que lleva a cabo, señorías, no puede hacerse cargo de la función consultiva de 17 comunidades autónomas, más de 8.000 ayuntamientos y de las reclamaciones de resarcimiento patrimonial que realizan los ciudadanos. En esto ha insistido reiteradamente el propio Consejo de Estado, pero, además, por la propia materia, hay cuestiones, como son, por ejemplo, las que sí protege la regulación del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, como es el caso de las universidades madrileñas o como es el caso del resarcimiento de las reclamaciones patrimoniales que hagan los madrileños por cantidades inferiores a 50.000 euros, de las cuales no se puede hacer cargo el Consejo de Estado.
Por tanto, señorías, no puede el Consejo de Estado suplir el trabajo que debe llevar a cabo el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, salvo que ahora lo que se esté pidiendo no sea una cuestión tanto de ahorro, de austeridad, como de otra cuestión, porque, cuando aquí se habla del Informe CORA, a lo que se refiere en realidad es a lo siguiente: a que si el actual Consejo de Estado, en su actual configuración, por razones de ámbito o de volumen, no puede hacerse cargo de esas tareas, lo que se propone es que se creen dentro del Consejo de Estado secciones para cada una de las comunidades autónomas. Señorías, no estamos de acuerdo, porque ¿qué significa esto? Esto no significa ahorrar, porque esas secciones lo que iban a suponer es, al menos, el mismo, si no más, coste, pero, sobre todo, lo que ello supone es una recentralización de competencias. Los socialistas no estamos de acuerdo en que se menoscabe la arquitectura institucional de la Comunidad de Madrid con una recentralización de competencias, en este caso de la función consultiva, y por la puerta de atrás. Recentralización de competencias, no; recentralización de la competencia de la función consultiva, no, y, desde luego, menos por la puerta de atrás. Por tanto, esta es una cuestión bien importante: no a la recentralización.
Además, señorías, hay algo en lo que conviene insistir, sobre todo porque es la posición que hemos mantenido los socialistas reiteradamente en esta Asamblea de Madrid, lo hemos hecho y lo hemos advertido cuando aquí, en esta Asamblea, se debatió el entonces proyecto de ley de creación del Consejo Consultivo. Ya lo advertimos y lo venimos haciendo cada vez que se suscita este asunto, sea en Pleno o sea en la Comisión de Presidencia y Justicia de esta Asamblea: los socialistas estamos de acuerdo con un Consejo Consultivo, sí, pero así no. Y, desde luego, el descrédito en el que ha sumido el Partido Popular al Consejo Consultivo nos obliga a proponer dos baterías de cuestiones: una, que llamamos medidas urgentes, porque es tal el escándalo, señorías, es tal la alarma social que se ha suscitado que hay que tomar medidas urgentes; medidas urgentes como son modificar el régimen retributivo, modificar el régimen de incompatibilidades y modificar el régimen de permanencia, porque no es compatible con el momento actual ni, desde luego, con los buenos usos en la Administración Pública.
También exigimos transparencia; transparencia, porque no es de recibo que no se publique una memoria anual, que no se dé cuenta de la gestión presupuestaria y de personal y de que no haya ni siquiera un registro de actividades e intereses.
Señorías, los socialistas planteamos una revisión en profundidad de la regulación legal del Consejo Consultivo, y lo hacemos presentando tres propuestas. La primera y fundamental: reforzar la independencia, objetividad y la rigurosa cualificación técnica del Consejo Consultivo. En segundo lugar, reforzar la igualdad; exigimos una composición paritaria de este Consejo. Pero además, y fundamentalmente, lo que exigimos es tasar los dictámenes preceptivos, y exigimos que el Consejo Consultivo se pronuncie siempre y en todo caso cuando se planteen modificaciones estatutarias, cuando se planteen recursos de inconstitucionalidad, en los proyectos de ley y en cualquier regulación, sea cual sea el orden legal que tenga, siempre que afecten a los derechos de los madrileños, a la política fiscal que soportan los madrileños y, en todo caso y siempre, en las modificaciones que afectan a la modificación y resolución de contratos de mayor cuantía llevados a cabo por la Administración regional. Estas reformas son las que harán posible un Consejo Consultivo que sea de las instituciones de la Comunidad de Madrid, que sea no solo del Gobierno regional sino de todas las instituciones, incluidas las corporaciones locales.
Señorías, estamos en un momento en el que los ciudadanos nos miran. Estamos en un momento en el que es absolutamente imprescindible no solo la credibilidad de una institución que no solo viene por su regulación legal sino que viene también por el ejercicio, que es lo que le da la autoridad legal. Señorías, estamos en un momento en el que el Consejo Consultivo, el Gobierno regional y el Partido Popular lo han llevado a un déficit de autoridad, ese déficit de autoridad hay que recuperarlo con modificaciones legales de calado que hemos expuesto aquí, pero también con la práctica del día a día. Y esa práctica del día a día tiene que empezar con una modificación urgente, con unas medidas urgentes que afecten sin tardar para recuperar la confianza de los ciudadanos en esta institución y que afectan no solo a las retribuciones sino también al régimen de incompatibilidades y también, desde luego, al régimen de permanencia en ese organismo. Pero hoy los ciudadanos nos exigen transparencia, y esta debe de ser una exigencia de una democracia de calidad, como queremos todos los ciudadanos. No puede haber transparencia si se desconoce cuál es la actividad de esta institución, pero sobre todo, señorías, qué menos que presentar una memoria anual que puedan conocer todos. Solo les voy a poner un ejemplo. Acabamos de conocer cuál es la liquidación del presupuesto del año 2013. En la liquidación presupuestaria, en la consecución de objetivos, el Gobierno regional incorporó a esa consecución de objetivos, como muy bien les hemos recordado a través de la diputada doña María Teresa Ausín, en la Comisión de Economía y Hacienda, ni siquiera el número de dictámenes que había emitido el Consejo Consultivo.
Señorías, este es un momento crucial; este es un momento en el que los ciudadanos miran a las instituciones y quieren confianza. Este es un momento, quizá como ningún otro, señorías, en el que son más necesarias las instituciones de control; el Consejo Consultivo puede ejercerlas, sin lugar a dudas, porque una función esencial de control es también el control previo de legalidad, pero para ello es necesaria su reforma; es posible esa reforma, pero no solo es que sea posible, es que es imprescindible, y esa reforma imprescindible tiene que estar al servicio de todos los madrileños.
Señorías, mi Grupo va a votar en contra de esta proposición que presenta UPyD, pero tenemos muchas razones para compartir parte de su desconfianza; ahora bien, también sabemos que podemos recuperar la confianza, la credibilidad y reforzar la arquitectura institucional de la Comunidad de Madrid con una mejor regulación. A ello nos comprometemos; tengan la seguridad de que el Partido Socialista lo hará. Muchas gracias. ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.")
